Análisis comparativo del ordenamiento jurídico ambiental en el sector minero entre Chile y Perú

Abstract

Este análisis comparativo examina los marcos jurídicos y normativos ambientales del sector minero en Chile y Perú, centrándose en la evaluación de impacto ambiental y la regulación de componentes clave como aire, agua y suelo. El estudio destaca similitudes y diferencias en los enfoques regulatorios, identificando oportunidades para mejorar la sostenibilidad en la minería. En Perú, la legislación ambiental comenzó en la década de 1960, consolidándose con la Ley General del Ambiente en 2005 y la creación de entidades como el MINAM, OEFA y SENACE. En Chile, la institucionalidad ambiental se estableció con la inclusión del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en la Constitución de 1980 y la promulgación de la Ley de Bases del Medio Ambiente en 1994, liderada por organismos como el MMA, SEA y SMA. Ambos países han implementado sistemas de evaluación de impacto ambiental adaptados y capaces de regular sector minero. Perú adoptó desde 1990 un enfoque normativo detallado que exige TdR según las características del proyecto que debe ser elaborado e evaluado en compañía de la comunidad y la autoridad. Chile, por su parte, estableció en 1997 un sistema más ágil y eficiente en términos de plazos, donde la responsabilidad del EIA recae completamente en el titular del proyecto. En términos de calidad ambiental, Perú se caracteriza por establecer estrictos estándares para contaminantes como el arsénico, cadmio y cromo en el aire, además de contar con un sistema amplio de protección de aguas superficiales y ECA para el suelo. Chile, en cambio, presenta un enfoque específico para el control de calidad de aguas, aunque enfrenta vacíos significativos en la regulación de la calidad del aire y suelo, aunque destaca en el control de emisiones atmosféricas y efluentes líquidos a cuerpos de agua. Estas diferencias reflejan enfoques complementarios que podrían integrarse para lograr una minería más sostenible. Recomendaciones clave incluyen la ampliación y especificación de la normativa en Chile, especialmente en la gestión de suelos y aire, así como la promoción de tecnologías limpias mediante incentivos económicos y regulatorios junto con aumentar la PAC antes y durante la elaboración del EIA. En Perú, se sostiene la idea de actualizar sus estándares de calidad y LMP a los requeridos por la situación que enfrentamos con el cambio climático. En conclusión, aunque ambos países cuentan con marcos regulatorios sólidos, abordar las áreas de mejora identificadas podría contribuir a una gestión ambiental más efectiva y a un sector minero más sostenible. La integración de las mejores prácticas de ambos modelos favorecería una mayor armonización normativa y un uso más eficiente de los recursos naturales. This comparative analysis examines the environmental legal and regulatory frameworks of the mining sector in Chile and Peru, focusing on environmental impact assessment and the regulation of key components such as air, water and soil. The study highlights similarities and differences in regulatory approaches, identifying opportunities to improve sustainability in mining. In Peru, environmental legislation began in the 1960s, consolidated with the General Environmental Law in 2005 and the creation of entities such as MINAM, OEFA and SENACE. In Chile, environmental institutions were established with the inclusion of the right to live in a pollution-free environment in the 1980 Constitution and the enactment of the Environmental Bases Law in 1994, led by agencies such as the MMA, the SEA and the SMA. Both countries have implemented environmental impact assessment systems adapted to and capable of regulating the mining sector. Since 1990, Peru has adopted a detailed regulatory approach that requires Terms of Reference based on the characteristics of the project, which must be developed and evaluated in collaboration with the community and the authority. Chile, for its part, established in 1997 a more agile and efficient system in terms of deadlines, where the responsibility for the EIA falls entirely on the project owner. In terms of environmental quality, Peru is characterized by establishing strict standards for pollutants such as arsenic, cadmium and chromium in the air, in addition to having a broad system for the protection of surface waters and ECA for soils. Chile, on the other hand, has a specific approach to water quality control, although it faces important gaps in the regulation of air and soil quality, although it stands out in the control of atmospheric emissions and liquid effluents to bodies of water. These differences reflect complementary approaches that could be integrated to achieve more sustainable mining. Key recommendations include expanding and specifying regulations in Chile, especially in soil and air management, as well as promoting clean technologies through economic and regulatory incentives, along with increasing the CAP before and during the preparation of the EIA. In Peru, there is support for updating its quality and LMP standards to those required by the situation we face with climate change. In conclusion, although both countries have solid regulatory frameworks, addressing the identified areas for improvement could contribute to more effective environmental management and a more sustainable mining sector. Integrating the best practices of both models would promote greater regulatory harmonization and more efficient use of natural resources.