PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES EN CHILE. ANALISIS BASADO EN POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REGULACIÓN INDUSTRIAL.

Abstract

Chile ha sido reconocido a nivel mundial por ser uno de los países sudamericanos con mayor crecimiento económico a través de los años, basados en una economía solida y estable que ha incentivado la inversión de variados rubros empresariales internacionales en tierras chilenas. Sin embargo, hace pocos años, el país comenzó a formar parte de la OCDE y los estándares de calidad e indicadores de desempeño y crecimiento demostraron que la realidad chilena está muy lejos de cumplir las marcas alcanzadas por países desarrollados. Incluso se dejaron en evidencia preocupantes cifras de desigualdad social, utilización ineficiente de los recursos naturales y altos niveles de contaminación en los principales centros poblados del país. Esta cruda realidad combinada con la mayor demanda de parte de las comunidades trajo serios cuestionamientos al modelo chileno en cuanto a su legislación, a la confianza hacia sus organismos público y puso en la cuerda floja a los últimos dos gobiernos. Los cuales han realizado intentos desesperados por apalear la crisis de confianza en paralelo al escenario de crisis económica mundial, pero hasta el momento los resultados no son alentadores. Hoy, el empoderamiento de las comunidades y la falta de confianza en las instituciones privadas y públicas han elevado las exigencias de garantías desde la sociedad, obstaculizando un porcentaje importante de proyectos de inversión, principalmente en actividades industriales de alto impacto. Este antecedente, en combinación con la crisis económica actual ha traído serias repercusiones en el crecimiento del país, además de deteriorar la imagen impecable que respaldaba al país. En consecuencia, las empresas extranjeras han disminuido considerablemente sus proyectos de inversión en los últimos 5 años y los proyectos energéticos que debieran suplir el déficit del país para el 2020 están lejos de concretarse. ¿Qué medidas se pueden tomar al respecto? ¿Cómo el Estado puede hacerse cargo de los conflictos de interés entre los actores de la sociedad y potenciar el desarrollo económico? ¿Cómo han enfrentado estas situaciones otros países OCDE y qué soluciones son aplicables a Chile? Todas estas interrogantes se buscan responder con esta propuesta de tesis. En base a los antecedentes internacionales son variados los países que han pasado por esta crisis de confianza y deterioro de la imagen estatal y de los organismos privados y, así mismo, son múltiples las alternativas que se han propuesto e implementado para combatir la crisis. En el presente informe se tomará una de ella y se desarrollará a partir de una base de investigación solida y nutrida de múltiples testimonios, para posteriormente evaluar que tan factible es implementar esta medida en Chile. Los Parques Industriales han sido una de las soluciones más implementadas por países de intensa actividad industrial, creándose incluso múltiples tipos de parques. A lo largo del mundo, este modelo va cobrando fuerza y forma cada vez más definida y nítida, por lo que podría considerarse dentro de las posibilidades a la problemática planteada. Pero antes de entrar en detalles es importante partir desde el principio. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el deterioro notorio de las ciudades y del territorio nacional en general de países como Alemania, Francia, Inglaterra y España impulsó una comisión multinacional para crear la Carta Europea de Ordenación del Territorio, la cual definía los limites de cada país, pero además, determinaba medidas de cuidado y resguardo de los distintos tipos de zona que componían a cada país. Esta es la piedra angular de las Políticas de Ordenamiento Territorial a nivel mundial, las cuales al día de hoy incluyen elaborados programas de planificación del territorio, uso eficiente de recursos, armonía entre actores de la sociedad y un sinfín de garantías que han permitido el crecimiento sostenido de estas potencias mundiales. Estas medidas han generado múltiples iniciativas anexas a los planes de planificación, como por ejemplo identificar el lugar de todos los actores de la sociedad y asignarles derechos y deberes. A partir de esto es que han ido apareciendo Regulaciones a las Industrias, a las Comunidades, a las organizaciones Estatales, etc. Concluyendo, finalmente, en modelos cada vez más complejos de aprovechamiento de recursos, simbiosis de procesos, normativas más exigentes, en fin hasta llegar a plantear los famosos modelos de Parques Industriales. Ahora, al compararlo con la realidad chilena falta mucho camino por recorrer. Para ello en el presente informe se ha realizado una revisión exhaustiva de los modelos internacionales y se han planteado ejes de trabajo, desde los cuales una política de Ordenamiento Territorial, Regulaciones Industriales adecuadas y un sólido modelo de Parque Industrial son una alternativa factible para solucionar el conflicto social que está viviendo la nación, además de generar un proceso alternativo para el desarrollo económico y social del país. La estructura de esta propuesta va desde los aspectos generales que debe contener una Política Pública de Ordenamiento Territorial hasta el modelo, propiamente tal, del parque. En primer lugar, basado en el análisis de antecedentes se ha podido diagnosticar como nula la regulación efectiva sobre el territorio nacional hasta la fecha. Si bien son múltiples los programas y organismos que han intentado orientar lineamientos en materia territorial, el sistema actual carece de soporte estatal y facultes suficientes para llevar a cabo sus funciones, además de preocupantes niveles de descoordinación de parte de organismos municipales y falta de recursos financieros que incentiven modelo de planificación territorial. En un país como Chile, con el extenso listado de desastres naturales en sismos, erupciones volcánicas y otros desastres naturales, es imperdonable que no existan instrumentos adecuados de planificación territorial u catastros de zonas de riesgo natural. Lo que ha derivado en problemas adicionales de confianza hacia los organismos públicos y ha concluido en que las comunidades tomen la ley por sus manos a través de manifestaciones públicas de rechazo total hacia los organismos encargados de impulsar el país. Por otro lado la paralización de proyectos de inversión privada también están siendo afectados por estas manifestaciones que exigen garantías de resguardo y seguridad ciudadana, mayor participación y mecanismos de integración social, además de fortalecer la normativa y regulación a las industrias y detener el emplazamiento libre de plantas industriales que, a falta de legislación adecuada, han contaminado sectores importantes de la nación sin que ningún tipo de fiscalización o sanción los detenga. Por lo tanto, la primera propuesta generada a partir de este informe es la implementación de una Política Publica de OT que integre programas de zonificación, mapas territoriales, sistemas de información integrados y provea herramientas digitales que delimiten el alcance de los distintos actores de la sociedad, además de potenciar la participación ciudadana en la creación de instrumentos de planificación territorial y programas de desarrollo comunal, brindándoles las herramientas necesarias para desarrollar sus propias localidades. En segundo lugar, desarrollar Legislación que delimite el quehacer industrial, es decir, Regulaciones Industriales. Las que, por un lado, aseguren el desarrollo económico del país y, que por el otro, resguarden la calidad de vida de las personas y el cuidado del medio ambiente. Esto se logra a través de inversión pública en infraestructura adecuada, normativa más estricta sobre agentes contaminantes, redes de monitoreo y control de emisiones, programas de cuidado o restauración de zonas deterioradas o erosionadas, tratamientos de riles y otras medidas que deben estar incluidas en una legislación especial para las Industrias altamente contaminantes. Al mismo tiempo que asegura garantías para que las empresas logren desarrollar de manera optima todos sus procesos y cuenten con beneficios de parte del Estado en ciertos casos. Finalmente, y a partir de estos dos instrumentos propuestos, es que se aterriza la propuesta y se converge a generar un modelo de Parque Industrial. El cual reúne los 6 ejes estratégicos que se han podido identificar como fundamentales para solventar la problemática descrita. Ellos son, Ordenamiento Territorial, Regulación Industrial, Desarrollo Económico, Sustentabilidad y Medio Ambiente, Integración Social y Simbiosis Industrial. Estos 6 ejes son el pilar fundamental del modelo planteado y buscan, principalmente, armonizar la relación entre los actores de la sociedad moderna, propiciando el desarrollo en conjunto de las comunidades, descentralizando el país, cuidando el medio ambiente e integrando nuevas herramientas de gestión territorial que otorguen transparencia y devuelvan la confianza que el país necesita. Este modelo se propone como una estrategia nueva para que el país afronte la crisis económica internacional y la crisis a nivel país. Proyectando la economía chilena con programas de innovación, sinergia empresarial, mayor desarrollo de tecnologías e inversión en capital social. Para esto se ha realizado un análisis económico de la propuesta, en la cual se detallan los beneficios para que las empresas participen de este tipo de iniciativas. Entre ellos destacan menores costos de inversión inicial, aportes fiscales al desarrollo industrial, mano de obra mejor calificada, ahorro de procesos de judicialización, cuidado del medio ambiente, entre otros. Adicionalmente se ha complementado este análisis con un método de evaluación multicriterio en base a la propuesta de Parque Industrial. Finalmente, es fundamental que las empresas entiendan que el cuidado del territorio no es un problema para su desarrollo económico, y este no debe traer externalidades negativas a las personas o al medioambiente si se tiene el correcto cuidado. Es responsabilidad de las empresas generar procesos sustentables y es posible implementarlos sin agotar los recursos, se pueden lograr procesos productivos limpios y esto no debe ser visto como un costo, sino como una inversión, al igual que con los desechos y emisiones, hay tratamientos adecuados con la tecnología actual, implementarlos es responsabilidad de las empresas. En conjunto el accionar del Estado debe apoyar mecanismos sustentables para el desarrollo de las empresas, pues este tipo de medidas son las que harán al país competitivo a nivel internacional y serán una inversión importante para el crecimiento y desarrollo del Capital Social.