Análisis del marco regulatorio ambiental para proyectos de almacenamiento de energía en Chile

Abstract

El presente estudio examina el marco regulatorio ambiental para proyectos de almacenamiento de energía, especialmente BESS, en Chile, a modo de contrastarlo con la normativa aplicable en el estado de California (EE.UU.) y Victoria (Australia), con énfasis en las diferencias en sus procesos de evaluación ambiental y el rigor de las aprobaciones ambientales. La investigación considera la legislación principal de cada región estudiada en materia ambiental: el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en Chile, la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) y el marco regulatorio de Planificación y Medio Ambiente de Victoria. En Chile, el SEIA establece que los proyectos de almacenamiento de energía no son considerados centrales generadoras de energía eléctrica, por lo que no requieren ingresar obligatoriamente a evaluación en forma previa a su ejecución. No obstante, es responsabilidad del titular revisar la aplicabilidad de otras tipologías asociadas a este tipo de proyectos, los cuales suelen interactuar de forma complementaria a proyectos de generación de energía, lo que comúnmente implica estudios de impacto ambiental más exhaustivos dependiendo de ciertos umbrales específicos, como la capacidad de almacenamiento o el área de influencia definida. En California, la CEQA exige que todos los proyectos con posibles impactos significativos al medio ambiente presenten un Informe de Impacto Ambiental (EIR), a menos que sean elegibles para una exención de evaluación. En general, California se caracteriza por contar con una estructura de evaluación mucho más rigurosa, incluyendo instrumentos de gestión de mayor avance. En Victoria, por su parte, sólo los proyectos con impactos potencialmente significativos son sometidos a análisis más detallados. Al igual que en California, sus políticas de fomento en la implementación de sistemas de almacenamiento de energía facilitan las exenciones de evaluación. Comparativamente, California y Victoria presentan marcos más adaptados al desarrollo de estas tecnologías, con alcances mucho más específicos, mientras que el marco regulatorio chileno presenta oportunidades de mejora al encontrarse en una etapa aún temprana del despliegue de estos proyectos, como por ejemplo, la gestión de riesgos de incendios, el alcance del proceso de participación ciudadana o la posibilidad de exenciones de evaluación que no comprometan la sostenibilidad.