Regulación de la tributación en las nuevas economías colaborativas.

Abstract

En la clasificación de economías colaborativas, se conoce como “gig economy” cuando son los propias personas que aprovechan de generar ingresos extras trabajando en las distintas aplicaciones móviles. Dado que aún no hay una claridad ni formalidad sobre si los trabajadores son dependientes o independientes, no existe una forma definida para que los trabajadores tengan acceso al sistema de previsiones, seguros de accidentes y de cesantía. Tomando el caso de Uber en Chile, se estimó que en promedio un socio conductor gana entre $4.000 y $5.000 pesos la hora, y que con estimaciones que el 20% del total trabaja sobre las 40 horas semanales, se determina que sus ingresos mensuales promedio superan los $720.000 pesos, en donde con ese monto los trabajadores deben declarar sus rentas bajo el artículo 52 de la ley de la renta (renta imponible anual sobre las 13,5 UTA). Con esto, los trabajadores debiesen pagar en promedio $32.273 pesos anuales, y que el estado de la república de Chile no está recuadando. Hipotéticamente la recaudación por parte de servicios de impuestos internos (SII) alcanzaría la suma de $ 548.633.520. Con este monto de impuestos se analiza el alcance para subsidiar o financiar problemáticas país, como las catástofres naturales (terremotos, tsunamis e incendios) o programas de ayuda social (soluciones habitacionales, donación de órganos y programas de alfabetización). Se deja la propuesta de ejercer la recaudación usando un decreto ley para destinar los fondos a estas causas, con el fin de dejar a merced de las voluntades políticas asignar de la forma más eficiente estos recursos, e incentivar la formalidad del trabajo en economías gig.Over the classification of collaborative economies, it is known as gig economy when people take advantage of generating extra income by working in different mobile applications. Since there is still no clarity or formality about whether this people are dependents or independents workers, there is no defined regulation for they to have access to social security, accident and unemployment insurance. Analyzing the case of Uber in Chile, it was estimated that on average a driver earns between $ 4.000 and $ 5.000 pesos per hour, and in junction that 20% of the total workers works over 40 hours per week, it is determined that their average monthly income exceeds the $ 720,000 pesos, where with that amount, workers must declare their income under article 52 of the income law (annual taxable income over 13.5 UTA). With this, the workers should pay an average of $ 32,273 pesos annually, that the state of the Republic of Chile is not currently perceiving. Hypothetically, collection by government tax services (SII) would reach the sum of $ 548,633,520 pesos. With this amount of taxes, the scope to subsidize or finance country problems is analyzed, such as natural disasters (earthquakes, tsunamis and fires) or social assistance programs (housing solutions, organ donation and literacy programs). The proposal is left to exercise the collection using a law to allocate the funds to these causes, in order to leave at the mercy of any political wills to allocate these resources in the most efficient way, and to encourage the formality of work in gig economies.