Plan de gestión de residuos no peligrosos para la asociación industrial de mejillones bajo el marco de la Ley REP

Abstract

La industria minera chilena, motor histórico del desarrollo productivo del país, enfrenta hoy el desafío de sostener su crecimiento mientras reduce los impactos asociados a la generación de residuos. Este desafío se vuelve especialmente relevante en territorios estratégicos como la comuna de Mejillones, donde la actividad minera converge con operaciones energéticas y portuarias, intensificando la producción de residuos no peligrosos y tensionando la capacidad de gestión local. En este contexto, la Asociación Industrial de Mejillones (AIM) presenta un manejo predominantemente lineal y con baja priorización operativa, lo que exacerba ineficiencias y se aleja de las tendencias internacionales y nacionales que avanzan hacia la valorización y la trazabilidad, como lo ejemplifican la Ley N.º 20.920 (Ley REP) y su Decreto Supremo N.º 12/2020. La presente memoria tiene como objetivo desarrollar un plan de gestión de residuos no peligrosos —papel, cartón, plásticos y metales— para las empresas socias de la AIM, orientado a optimizar la segregación y valorización mediante un modelo colaborativo. La metodología incluyó una revisión del marco normativo y de modelos de gestión relevantes (GWMO, economía circular, ISO 14001), complementada con un diagnóstico cuantitativo utilizando datos del SINADER para 15 empresas seleccionadas. Este diagnóstico evidencia una gestión heterogénea: aunque los metales muestran buenas tasas de recuperación, persiste una brecha crítica en plásticos y cartones, los cuales terminan mayoritariamente como “residuos industriales” mixtos —550 toneladas reportadas—, perdiendo su valor económico y ambiental. El resultado del presente trabajo contempla la propuesta de un sistema de gestión colectivo, el cual integra: (1) estándares de segregación en origen bajo NCh 3322:2013; (2) un modelo logístico colaborativo con un centro de acopio y transferencia (CAT) para la consolidación y densificación de carga; y (3) una plataforma digital para asegurar la trazabilidad y reportabilidad normativa. La implementación se propone en una estrategia escalonada de cinco fases (2026–2035), priorizando inicialmente a los grandes generadores para asegurar la sostenibilidad financiera. El estudio realizado permite concluir que la gestión colectiva de residuos es técnica y económicamente viable, permitiendo a las empresas de la AIM superar las barreras de costos logísticos individuales, cumplir anticipadamente las metas de la Ley REP y transitar hacia un modelo de economía circular territorial que reduce la huella de carbono y formaliza la valorización de residuos en la región.