Gestión de residuos de paneles solares en Chile: desafíos ambientales y rol de las políticas públicas en el fomento del reciclaje sustentable

Abstract

El crecimiento acelerado de la capacidad solar en Chile, que a 2024 supera los 10 GW y seguirá aumentando hacia 2030, anticipa una ola significativa de residuos fotovoltaicos en las próximas dos décadas. Estos residuos presentan un volumen considerable, vida útil prolongada, presencia de materiales peligrosos y un alto potencial de valorización. La incorporación de los paneles fotovoltaicos en la Ley N.° 20.920, mediante la Resolución Exenta N.° 3.413/2025, constituye un hito regulatorio al reconocer este flujo emergente y establecer obligaciones específicas de gestión. A nivel nacional, persisten vacíos relevantes: ausencia de normas técnicas de tratamiento, falta de criterios de clasificación por peligrosidad, escasez de infraestructura de reciclaje y un bajo nivel de conocimiento ciudadano sobre las políticas y el reciclaje de PFV. Estas brechas limitan la eficacia del sistema REP y requieren respuestas integrales. El análisis comparado con experiencias internacionales en Europa (Alemania y Francia) y Asia (Japón) confirma que Chile debe avanzar hacia un modelo híbrido que combine trazabilidad efectiva, financiamiento sostenible e impulso a la innovación tecnológica, adaptando estas prácticas a su contexto. Asimismo, se identifican oportunidades para desarrollar modelos de negocio circulares en logística inversa, recertificación y valorización de materiales estratégicos. El estudio reconoce limitaciones asociadas a la falta de datos nacionales, la incertidumbre regulatoria y la ausencia de un análisis económico detallado de los modelos propuestos. Estas limitaciones orientan futuras investigaciones hacia la generación de información local, estudios de factibilidad, validación tecnológica y evaluación de la percepción social. En conclusión, la gestión de residuos fotovoltaicos debe asumirse como parte esencial de la transición energética hacia 2050. Solo con un marco regulatorio sólido, financiamiento adecuado, infraestructura especializada y participación social será posible transformar este desafío en una oportunidad para el desarrollo sustentable del país.