Evaluación del impacto de la implementación de tribunales ambientales, en el sector eléctrico de Chile.

Abstract

Resumen extenso, ver multimedia o impresoEn los últimos años se ha incrementado el número de procesos en conocimiento del poder judicial producto de discrepancias en temas medio ambientales, sobre proyectos que, en el marco de la legislación ambiental Chilena se someten a evaluación de impacto ambiental. Entre los tipos de proyectos que se han visto afectados, se encuentran los proyectos de energía, ya sean de generación o de transmisión eléctrica. En base al análisis de la información recopilada en el presente estudio, es posible establecer que existen más de 20 tipos de recursos o acciones administrativas o judiciales a las que puede verse enfrentado un proyecto durante su tramitación ambiental o incluso una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental. Entre los argumentos más utilizados para la interposición de recursos, se encuentran, el señalar que las observaciones ciudadanas presentadas durante la tramitación no fueron ponderadas debidamente por el organismo encargado. Otro tipo de recurso que cada vez es más utilizado corresponde al “Recurso de Protección”, el cual alude a que en algunas de las etapas del proceso, se ha infringido una o más garantías constitucionales. La más utilizada, en el caso de proyectos del sector eléctrico, corresponde a la señalada en el Artículo 19, nº 8 de la Constitución Política de la República, “el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”. Cabe señalar que las distintas referencias revisadas a lo largo del estudio, coinciden en que los principales aspectos que han llevado tanto en Chile, como en otros países del mundo a un aumento de la judicialización de proyectos de inversión, y en particular los proyectos de energía, tienen relación con: (i) La insuficiente aplicación del principio de participación ciudadana, lo que ha generado la búsqueda de vías alternativas de participación, siendo una de estas, la interposición de recursos o reclamaciones frente a los correspondientes órganos administrativos o judiciales. (ii) La existencia de tribunales generalistas, que no cuentan necesariamente con los conocimientos técnicos requeridos para resolver casos ambientales complejos. Lo que se refleja en falta de coherencia entre fallos o decisiones sobre temas ambientales entre los distintos jueces o salas que llevan estos procesos y en la dilatación de los mismos. Es importante destacar que durante los últimos años, se ha observado a nivel mundial un incremento en el número de tribunales especializados en procesos ambientales, actualmente más de 40 países cuentan con algún tipo de tribunal o corte ambiental. La revisión de la experiencia internacional permite identificar aspectos positivos y negativos asociados al establecimiento Tribunales Ambientales, los que dicen relación, en gran medida con las características y atribuciones que cada país otorga a este tipo de tribunales. En el caso de Chile, las competencias del Tribunal Ambiental son establecidas en la Ley N° 20.600, entregan herramientas que apuntan a proveer una oportunidad para el desarrollo de procesos más transparentes, con mayor información y con mayor acceso a la comunidad interesada, brindando de esta forma una mayor legitimidad a los procesos de especial sensibilidad social, como lo son los relativos al sector eléctrico. En este sentido, es posible concluir que sí los Tribunales Ambientales chilenos logran que sus fallos sean reconocidos ante los distintos actores (titulares de los proyectos, jueces pertenecientes a otros tribunales del país, organizaciones sociales, ciudadanía en general, etc.) por su idoneidad “legal y técnica”, es posible esperar un desincentivo en la interposición de nuevos recursos administrativos o judiciales, logrando de esta forma una disminución en el número de procesos judiciales a los que actualmente se ve enfrentado un proyecto del sector eléctrico. Lo anterior, permitiría adicionalmente, reducir los plazos que actualmente requiere un proyecto de inversión, desde el momento en que ingresa a evaluación ambiental hasta que cuenta con todas las autorizaciones para iniciar su construcción.In recent years the number of legal processes in knowledge of the judicial power due to conflicts in environmental issues has increased. In particular, conflicts related to projects that in compliance to the Environmental Chilean Law, has being submitted to environmental evaluation process. Energy projects, whether electric generation or transmission projects, are among the types of projects that have been affected. Based on the analysis of the information collected in this study, it is possible to establish that there are over 20 types of administrative or judicial actions that a project may face during the environmental process or after obtaining the environmental approval resolution. Among the arguments used for recourse, one of the most commonly used is to argue that the citizens comments made during the process were not weighted properly by the environmental agency. Another type of resource being increasingly used is the "Resource of Protection", which implies that at one stage of the process, one or more constitutional guarantees were violated. The most commonly constitutional guarantee used against electric projects, corresponds to the one indicated in Article 19, No. 8 of the Constitution, "the right to live in a pollution free environment”. It should be noted, that according to the references reviewed throughout the study, the main issues that cause in Chile and in other countries around the world, an increase in the number of lawsuits against investment projects, including energy projects are based on: (iii) Inadequate implementation of the principle of public participation, which has led the community to search for alternative ways of participation, being one of these, the filing of appeals or complaints at the relevant administrative or judicial bodies. (iv) The presence of general courts, which do not necessarily have the expertise required to solve complex environmental cases. What is reflected in a lack of coherence between environmental decision taken by different judges or courts rooms, and in the delay in the decision making. Is important to note, that in recent years, there has been a dramatic growth of specialized environmental courts worldwide, currently more than 40 countries have some type of environmental court or tribunal. The review of international experience allows the identification of positive and negative aspects associated with establishing Environmental Courts, which are related to the characteristics and attributes that each country provides to the environmental courts. In the case of Chile, the powers of the Environmental Tribunal are established by Law No. 20,600 which gives the Tribunal the legal tools that offer the opportunity of more transparent procedures, with more access to information by the community, providing greater legitimacy to processes, in particularly to those that are socially sensitive, such as those related to the electricity sector. In this sense, it can be concluded that if the environmental court judgments are recognized as fair "legally and technically" by the different actors (project owners, general court judges, social organizations, community, etc.) fewer number of new administrative and judicial lawsuits can be expected, achieving a reduction in the number of processes that currently are faced by a energy sector project. Also the time currently required by the project from the moment that is submitted to environmental evaluation process until all the permits required to begin construction are achieved, will be reduce.